Cadena Perpetua. Esta es la pena a la que fueron condenados 9 de los 24 saharauis que fueron detenidos tras el desmantelamiento del campamento de GedeimIziq en 2010. El resto, a excepción de tres, se enfrentan a condenas superiores a los 20 años de prisión.

Aunque curiosamente pocos lo recuerdan, este asentamiento pacífico fue el germen de la Primavera Árabe. Más de 20.000 personas acamparon en el desierto durante semanas, no sólo por el derecho a la autodeterminación de su pueblo, reconocido por la ONU, sino para reivindicar derechos sociales, políticos y económicos. Querían vivir dignamente. Pero su sueño terminó con una inesperada intervención militar marroquí, y como no podía ser de otra manera, con víctimas en ambas partes.

Los presos saharauis, que ya han pasado 6 años en la cárcel, han estado esta semana en el Tribunal de Apelación de Rabat. Durante tres días, desde la pecera de la sala de vistas, han presenciado cómo se discute su futuro. Dicen que esperan que se haga justicia para ellos, y también para los familiares de los militares marroquíes fallecidos.

Esto pudiera parecer pura pose sino fuera porque todo indica lo contrario. La sentencia que los condenó no recoge los nombres de las víctimas, ni a quién supuestamente mató cada uno, en qué momento o de qué forma.Durante la vista se pusieron de manifiesto graves irregularidades en las actas ante un Ministerio Fiscal incapaz de explicar, por ejemplo, por qué personas con estudios universitarios firmaron las declaraciones con su huella dactilar. Y los encausados hablan de torturas sin que jamás hayan sido asistidos por un médico.

Pero es que además, en el vídeo que presenta la fiscalía y que recoge imágenes de actos violentos que supuestamente sucedieron en GdeimIzik, no aparece ninguno de los acusados. Y hablo de suposiciones porque tampoco se acredita la autenticidad de la grabación, pudiendo haber ocurrido en cualquier otro escenario.
Estos hechos así contados, despiertan la indignación de cualquiera, pero estamos tan acostumbrados a la violencia y la injusticia, que pensamos que es otra más de las muchas que suceden cada día en todas las partes del mundo. Sin embargo, para nosotros debería ser diferente, cuando menos por pura responsabilidad.

Los españoles y españolas en su mayoría ignoran que nuestro país sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Se trata de un territorio no autónomo pendiente de descolonizar, por lo tanto, seguimos teniendo la obligación de dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos y ciudadanas.

La realidad es que el Estado español mira descaradamente hacia otro lado. Todos los presidentes que hemos tenido, sin excepción, han evitado entrar en el conflicto. El abandono, cuando no la connivencia, comenzaron desde el principio. Empezando por la Marcha Verde. Una presunta marcha pacífica que no dudó en bombardear con napalm y fósforo blanco a la población civil que huía sin rumbo del saqueo y la violencia.

Tratan de limpiar la conciencia enviando recursos a los campamentos de refugiados en Argelia y organizando la acogida de niños y niñas que vienen cada verano a nuestras casas. Pero olvidan de forma premeditada todo lo que sucede en los territorios ocupados a pesar de lo que establece la Carta de Naciones Unidas y nuestra propia Audiencia Nacional.

Ojalá esta nueva oportunidad sea aprovechada por Marruecos para poner cordura a su justicia y respetar los tratados internacionales que ha suscrito y el derecho interno de su propio país. Sería un paso importantísimo en su reputación internacional. Y esperamos que algún día España, aunque sea a base de pleitos, tenga la más mínima aspiración para salir de su zona de confort y asumir que las vidas de todos y todas las saharauis corren de su cuenta.

Candelaria Carrera
Andrés M. Marín